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“La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad” — Art. 6 de la Constitución de la República del Paraguay, 1992.
Es derecho de todos los paraguayos y paraguayas que el Estado garantice su calidad de vida mediante planes de gobierno y políticas públicas, como puntualiza la Constitución Nacional. Pero ¿qué pasa si quienes tienen que estar diseñando estos programas, planes o mismo las políticas públicas no se encuentran del todo en conocimiento de la realidad o con información incompleta? o peor aún ¿si aquellos quienes tienen que reclamar por su propio derecho, la ciudadanía, cae en el mismo desconocimiento?
“El Estado también fomentará la investigación sobre los factores de población y sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes.” — continúa diciendo el Art. 6 de la Constitución de la República del Paraguay, 1992.
La calidad de vida materializada en el espacio físico es lo que se conoce como Derecho a la Ciudad. Este derecho no es otra cosa que la suma de todos los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales garantizados en el plano geográfico. Este concepto es clave a la hora de entender el momento histórico que atraviesa nuestro país. Si bien la urbanización es un proceso tardío, con respecto a nuestros vecinos de la región, esta viene en aumento en las últimas décadas; siendo mayor la cantidad de población urbana frente a la rural, con un incipiente 60 por ciento (DGEEC, EPH, 2015).
Esto representa un gran desafío para nuestras urbes. Esta migración representa una sobrecarga para la estructura urbana; servicios básicos como agua, luz, recolección de basura, transporte público, se ven colapsados cuando se instalan tantas personas en las ciudades sin planificación. Los factores atrayentes, como empleo, salud y educación, se contraponen con la falta de acceso al suelo y a la vivienda digna. Esta dicotomía, es la razón de creación de los asentamientos informales o precarios, que lejos de ser una realidad local, es la respuesta que encuentran miles de familias en toda Latinoamérica para vivir en la ciudad.
Los asentamientos precarios son la expresión de la desigualdad. Vivir en un asentamiento precario o informal es sobrevivir en base a las propias capacidades, buscando alternativas para cubrir las necesidades de luz, agua, la construcción de la casa misma. Al tener conexión de energía eléctrica irregular, al contar con provisión de agua irregular, al vivir sin servicio de recolección de basura, con pésimas calles de acceso, sin escuelas cercanas u hospitales públicos se vive en riesgo. Cientos de miles de familias paraguayas son quienes llevan adelante sus propios programas de vivienda y soluciones en cuanto a provisión de servicios básicos, regularización de terreno, organizándose entre vecinos para así superar esa situación.
Las ciudades ya no terminan donde llega el asfalto o el trazado urbano, hay familias viviendo en la misma ciudad pero no con los mismos derechos. Hay asuncenos viviendo en Asunción sin vivir en Asunción. Hay encarnacenos viviendo en Encarnación sin las mismas oportunidades que otros. Hay habitantes de todas las ciudades, y sobre todo de los asentamientos, que no están integrados a las redes urbanas y ni siquiera registrados en los catastros o en los censos.
Si bien este fenómeno de migración toma mucha fuerza en Paraguay, estamos a tiempo de agarrar el timón del barco y guiar, con políticas públicas, planes gubernamentales de desarrollo y de superación de pobreza, a buen puerto. Para esto es necesario contar con datos precisos sobre los asentamientos que existen en el país, cuántos son, dónde están, cuáles son sus necesidades y potencialidades; y no solo eso, se requiere la participación activa de los propios pobladores como sujetos de derechos para que el diseño de esas políticas públicas realmente respondan a sus necesidades.
Creemos que esta información es clave, no solo como herramienta de planificación, sino para tomar conciencia sobre el problema y que conozcamos más allá de los datos, la dura realidad de las familias de los asentamientos. Es necesario que nos involucremos como sociedad, que nos empapemos del problema país y que nos queme la urgencia. Los datos que nos toca conocer y afrontar son duros, pero la realidad lo es muchísimo más.
Este año, estamos lanzando nuestra campaña institucional que se basa en conocer la realidad, la situación de las familias que viven en los asentamientos. Invitamos a todos a participar como voluntarios y a aportar su donación, en el marco de la gran Colecta Nacional “5mil por Un Techo”, para que podamos seguir construyendo junto a las comunidades un entorno sustentable e integrado y entre todos los actores, un Paraguay más justo.
